La Junta de Andalucía sancionará hasta con un millón de euros a los equipos médicos que -en su opinión- se empeñen en mantener la vida de un enfermo terminal sin posibilidad de recuperación. El anteproyecto de ley prevé multas de entre sesenta mil y un millón de euros por la obstinación terapéutica.
La normativa regula el derecho de los enfermos terminales a tener toda la información disponible sobre su enfermedad y su estado, para que de esta forma puedan tomar una decisión sobre el tratamiento que quieren recibir o si lo quieren recibir o no. También se incluye el derecho de solicitar sedaciones paliativas, aunque acorten la vida del paciente incluso a recibir este tratamiento en casa, siempre y cuando no esté contraindicado.
Enfermos menores de edad
La ley también recoge los derechos de los enfermos terminales menores de edad. Entre los 12 y los 16 años, la decisión recaerá en los padres, pero siempre tomando en cuenta la opinión del menor. Los jóvenes con 16 años cumplidos podrán tener acceso a su historial y tomar una decisión. En caso de conflicto con la opinión de los padres o tutores prevalecerá la opinión del paciente.
La opinión de la familia
Para los enfermos mayores de edad, la Ley recoge que en el caso de que los familiares o representantes legales no estén de acuerdo con que se retiren las medidas de soporte vital. El equipo de médicos deberá solicitar un informe al comité de ética del centro. Este informe no será vinculante y la decisión final dependerá del médico, con o sin el consentimiento de la familia.
Primera en España
Además de ser la primera comunidad española en tomar medidas sobre este teman, con la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las personas en el proceso de la Muerte, Andalucía se pone al nivel jurídico de otros países europeos como Bélgica, Holanda o Luxemburgo.
Sin eutanasia activa
Sin embargo hay una diferencia muy importante entre las normativas de estos países y el proyecto de ley andaluz. En estos estados se aplica la eutanasia activa, es decir utilizar medicación para provocar la muerte del paciente. En Andalucía esta medida no se utilizará. María Jesús Montero dijo ayer en una entrevista en Radio Nacional que esto “No es competencia de las comunidades ejercer esta acción" y "hacerlo está tipificado como delito",
