Sólo en Cataluña, Baleares, Extremadura y Andalucía utilizan el nuevo
sistema de dispensación todas las oficinas de farmacia. El resto está
negociando con la Administración pública o saliendo del pilotaje. La
necesidades informáticas que requiere la comunicación entre las
farmacias y los centros de salud son el principal problema de
financiación existente. Las comunidades autónomas no esperan una total
implantación hasta finales de 2011.
El coste y la falta de servidores de gestión de datos estancan la implantación.