• La atención sanitaria no debería ser considerada como una mercancía más.
• La privatización es un proceso que requiere definir claramente los objetivos que alcanzar en materia de política sanitaria.
• La privatización de la provisión o el aseguramiento supone siempre
una amenaza potencial a la equidad y accesibilidad a los servicios
sanitarios, que debe ser controlada.
• El núcleo fundamental del sistema sanitario debería ser financiado
públicamente, independientemente de que la provisión sea de un tipo u
otro.
• La privatización de la provisión, los seguros o las instalaciones
necesitan ser reguladas, monitorizadas y evaluadas bajo los mismos
términos que sus equivalentes públicos.
• Es imprescindible garantizar la rendición de cuentas sobre recursos
públicos, aún más necesario en la situación de crisis actual. La
existencia de mecanismos de transparencia y evaluación del desempeño de
los proveedores sanitarios, públicos o privados, debería considerarse
una prioridad esencial en cualquier sistema sanitario.
