Priorización

Se trata de que Estado/mercado y normas clínicas se adecuen para que las prioridades estén basadas en la constatación científica, se orienten a los individuos (no respondan a intereses de la oferta) y tengan presente en qué momento los aumentos de efectividad dejan de compensar los incrementos de gasto, a la vista de otras formas de utilizar los recursos sociales.
El proceso de establecimiento de prioridades resulta sumamente complejo y requiere conjugar política
sanitaria con práctica clínica: ambos niveles están comprometidos.
Los resultados de la evaluación económica –objeto de esta serie de artículos– pueden ayudar a establecer unas prioridades sanitarias que respondan a las preferencias sociales. La validez de los resultados dependerá de la legitimidad del proceso, de la plasticidad de los métodos de evaluación económica para incorporar criterios diferentes al de eficiencia (criterios distributivos, variables socioeconómicas, responsabilidad
individual) y del grado en que conciten acuerdo social porque se perciba que los resultados del proceso
reflejan preferencias sociales.