El primer tajo se fijó en un ahorro de 379 millones en el capítulo 1,
el de gastos de personal. Y que en la práctica es el único paquete, el
de recortar a base del salario de los funcionarios, sobre todo de
educación y sanidad, que permite ganar en liquidez inmediata para frenar
la lucha del Consell contra los mercados financieros.
El segundo
paquete es el de los impuestos, denostado atajo para el PP que, una vez
abierto por Rajoy, da vía libre a Fabra para recaudar más con el tramo
autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Se gravará
más a las rentas altas (dos nuevos tramos a partir de 120.000 euros), en
eliminar la desgravación de la vivienda habitual y, sobre todo, en
llevar al máximo el denominado céntimo sanitario, que grava los
hidrocarburos (hasta 3,6 céntimos por litro). No se recurre al impuesto
de patrimonio.
Por último, otros 440 millones se sacarán de sanidad, con una central de compras de farmacia hospitalaria, optimización de la gestión o la revisión de los conciertos. Se renuncia por ahora al copago.
Sin posibilidad de echarle la culpa de la crisis valenciana a la
herencia de un partido rival, el presidente Alberto Fabra ha tenido que
asumir así implícitamente los errores cometidos los últimos 16 años, que
han llevado a un endeudamiento insostenible (el mayor entre las
autonomías, con un 19,9% del PIB) y a una falta de liquidez que ha
forzado al Gobierno central a intervenir para no incurrir en el impago
de una deuda financiera.