Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas en torno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):
Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria: Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.
Los inmigrantes = turistas sanitarios. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea.
El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.
Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.
Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.
La exclusión se hace para “converger” con Europa. España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.
